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Red de tráfico de armas


Foto Ilustrativa

La pérdida de una ametralladora M-60 de un batallón de esa unidad elite, que se estaba negociando con la guerrilla, a finales de 2006, puso al Comando de las FF.MM. sobre la pista de los traficantes.

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Se ordenó una investigación que terminó con la captura de un sargento de la Fudra, que hoy está en La Picota. Otro sargento se evadió y, según informaciones de contrainteligencia, se habría unido a un grupo paramilitar.

Negociaban con la guerrilla

La investigación, en la que tuvo parte el DAS, demostró que la ametralladora, una de las armas más potentes usadas en el conflicto colombiano, la compró alguien de la guerrilla.

Pero, además, planteó serias dudas acerca del material de guerra incautado en las operaciones contra las Farc, sobre todo en la antigua zona de distensión. Un testigo clave en este caso es Lisandro Moscoso Suárez.

EL TIEMPO confirmó que el general Freddy Padilla De León, comandante de la Fuerzas Militares, ordenó en noviembre pasado que fueran indagados todos los miembros de los batallones de las unidades móviles que conforman la Fudra y que se hiciera una relación del armamento de esas guarniciones.

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, general Alejandro Navas Ramos, dijo que la investigación concluyó hace unas semanas y que el resultado no arrojó faltante de armamento decomisado.

Desde que la Fuerza Pública entró en zonas de retaguardia de esa guerrilla, el hallazgo de caletas con armas ha sido constante. En un solo golpe, en febrero del 2005, se encontraron 14 ametralladoras, dos morteros, un lanzagranadas, 17 subametralladoras, 25 pistolas y 8 revólveres. Y en otro, tres meses después, se halló medio millón de balas.

Sin embargo, Navas no descarta que las municiones y armas que negociaban los detenidos provengan de material encontrado en el área que no fue reportado.

"Son conductas individuales -dijo el oficial-. No podemos decir que estos casos no ocurren. Nuestro deber es investigarlos".

Por ahora, la investigación la comparten la justicia ordinaria y la militar.

35 son los integrantes del Ejército recluidos en la penitenciaría La Picota de Bogotá, sindicados o condenados por el delito de tráfico de armas hacia "paras" y guerrilla.

El caso de los morteros robados a la Brigada 13

El 24 de junio de 1999, la Policía puso al descubierto un robo de armamento del Cantón Norte de Bogotá.

Ese día, los agentes de la Sijín detuvieron un taxi en el que tres personas movilizaban 50 granadas para mortero calibre 60 milímetros y 45 accesorios para su iniciación.

La sorpresa para las autoridades fue mayor cuando descubrieron que los detenidos eran Sandra del Carmen Cabrales, secretaria del Ejército y el sargento segundo Esteban Moscoso Ortega. Había otros dos suboficiales implicados.

Meses después, este caso dejó al descubierto una red de tráfico de armas que algunos militares movían desde la Brigada 13.

 

Fuente: El Tiempo
Colombia
30/04/2007



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