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Procuraduría pide suspender 3 Coroneles


Foto Ilustrativa

Seis oficiales de la institución investigados por el caso de las interceptaciones telefónicas trataron de borrar las pruebas, por lo que se ordenó su sanción.

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A mediados de mayo pasado, cuando estalló el escándalo de las comunicaciones "chuzadas" a "paras" desmovilizados y a varios ciudadanos, personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) intentó borrar información para ocultar su responsabilidad.

Esa es una de las pistas que sigue la Procuraduría en su investigación disciplinaria sobre las interceptaciones ilegales, que afecta a siete miembros y ex integrantes de la Dipol. El Ministerio Público pidió ayer que seis de ellos sean suspendidos de sus cargos.

"La información almacenada en un servidor fue borrada y posteriormente recuperada cuando se produjo el movimiento
de personal en la cúpula de la Dipol", reveló el
Procuraduría General, Edgardo Maya.

Los afectados con la decisión son el general Guillermo Chávez Ocaña, saliente jefe de la Dipol; el teniente coronel Luis Rueda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia; el teniente coronel Jairo Ariza González, jefe del Área de Contrainteligencia; el teniente coronel John Lizarazo Suárez, jefe del grupo de Seguridad Interior de Contrainteligencia; el mayor Mauricio Pedraza Rocha, jefe del grupo de Procesamiento de Señales e Imágenes; la mayor Gloria Otálora Gómez, jefe del grupo de Ingeniería y Soporte de Información, y la intendente jefe Alisneider Gómez Rondón, administradora de Seguridad Informática.

Los seis últimos aún pertenecen a la institución.

Según fuentes oficiales, una vez la revista Semana reveló algunas de esas interceptaciones, funcionarios de la Dipol, anticipando una investigación interna y de los organismos de control, se dieron a la tarea de eliminar del servidor Arpin archivos que contenían horas de grabaciones.

Esas fuentes dijeron que se investiga si entre el material borrado había archivos obtenidos con orden judicial sobre personal de la Policía que estaría involucrado con grupos ilegales. Las grabaciones pertenecían al área de contrainteligencia.

La eliminación de las grabaciones venía al menos desde enero de este año. Sin embargo, la Procuraduría dijo ayer que todos los archivos fueron recuperados en un trabajo conjunto con expertos de la propia Policía.

Tras el escándalo, los generales Jorge Daniel Castro y Guillermo Chávez, entonces director de la Policía y jefe de la Dipol, pidieron la baja.

Otros 10 oficiales más de ese rango pasaron al retiro por disposición del Gobierno, que ha explicado que la decisión no implica responsabilidad de los oficiales en el caso.

EL TIEMPO trató de obtener la reacción sobre este caso del general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional, pero no atendió los llamados que se le hicieron. 

Más cargos

Pero el intento de eliminar información no sería, según las pruebas recaudadas por el Ministerio Público, la única falta cometida en este caso.

Los policías también son investigados por interceptación de comunicaciones sin orden judicial; omisión de controles y seguridad de la información a cargo de la Dipol; fuga de información y violación de los derechos a la intimidad, y antecedentes de corrupción y destrucción de información sometida a reserva.

Lo que ha encontrado la investigación es que al menos 10 personas tenían acceso a información privilegiada, pero todos usaban la misma clave.

Igualmente, dijeron fuentes de la Procuraduría, serán investigados por abuso de autoridad y violación a los derechos fundamentales.
En este sentido, la fuente dijo que se dio credibilidad al testimonio de un suboficial del área de interceptaciones de la Dipol que aseguró que fue sometido a tratos degradantes por sus superiores para que revelara quién filtró la información.

Para asegurar el curso de la investigación, la Procuraduría pidió que los seis policías que están activos sean suspendidos de inmediato y al menos por tres meses. La razón, según el Ministerio Público, es que hay evidencias de que han reiterado en sus conductas y que podrían interferir en las pesquisas, "como ya se demostró y que pudiera llegar a repetirse".

Por su parte, la Fiscalía desarrolla su propia investigación, de la cual aún no se conocen resultados.

Fuente: El Tiempo
Colombia
26/06/2007



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