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Lecciones de un atentado


Foto Ilustrativa

A causa de la explosión en Cali, no se puede proponer que la Policía se ubique fuera de terrenos poblados.

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Después del lamentable y censurable hecho terrorista de la ciudad de Cali, llaman la atención las desubicadas declaraciones de la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, y del ministro del Interior, Carlos Holguín.


En el primer caso, como siempre sucede cuando hay atentados contra la Policía, salen algunas personas despistadas a "vender el sofá" y proponen que las instalaciones policiales hay que ubicarlas lejos de los territorios poblados, confundiendo, en sus declaraciones, las funciones constitucionales y legales y la ubicación territorial de la Policía y de las Fuerzas Militares.

Hay que resaltar que la Policía, por su naturaleza civil y su accionar civilista, debe estar lo más cerca posible de los ciudadanos y de sus requerimientos en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Desde luego que hay que exigir que sus instalaciones y entornos sean seguros y que se tomen las medidas que se consideren necesarias para evitar cualquier atentado, tanto en sus instalaciones como en cualquier parte del territorio de su jurisdicción, pero no se puede proponer que la Policía se debe ubicar por fuera de los sectores poblados. Si esto fuera así, ¿de qué manera se les podría dar respuesta rápida y oportuna a los requerimientos ciudadanos?

En el segundo caso, no se puede considerar que con este atentado las Farc declararon, hasta ahora, a la ciudad de Cali objetivo militar, cuando este grupo y todos sus frentes tienen como objetivo militar a todo el país y tienen la orden de ejecutar actos similares en cualquier lugar, especialmente en los centros urbanos. Lo que se debería hacer es llamar la atención para que todos los alcaldes, gobernadores y demás autoridades de seguridad y justicia tomen las medidas del caso para que estos hechos no sucedan en sus territorios y para que los consejos de seguridad sesionen permanentemente y no después de sucedidos los atentados terroristas, para que los dineros de las recompensas sirvan para evitarlos y detener a los terroristas antes de ejecutar sus acciones y no para buscarlos después de que han logrado su objetivo.

Hay que llamar la atención respecto a que estos hechos se van a seguir presentando y no solo en Cali, mientras las autoridades tengan la iniciativa frente a las Farc y los grupos de narcotraficantes, quienes en sobradas oportunidades han demostrado que están dispuestos a unirse para que no se les acabe ese negocio tan rentable.

Después del atentado terrorista en Cali, del aumento de los homicidios que se ha registrado en esa ciudad y del incremento de la violencia y la delincuencia en Buenaventura, Cartagena y otras ciudades del país en los primeros meses de este año, ojalá las autoridades locales y en especial el Gobierno, además de la aplicación de las recetas tradicionales de reaccionar a destiempo convocando consejos de seguridad después de los hechos, ofreciendo recompensas para que se denuncie a los culpables, aumentando, de manera temporal, el número de policías, o de manera irregular dando funciones a las fuerzas militares para que patrullen las calles, asumieran que lo que requieren las ciudades son planes integrales de seguridad que superen los periodos de gobierno y no medidas coyunturales que solucionan los problemas por momentos.

Lo que se requiere son políticas serias y sostenidas de convivencia y seguridad ciudadana, con una inversión fuerte y compartida entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para dotar a los organismos de seguridad y justicia de lo necesario, en especial a la Policía, que en esas ciudades está trabajando en las peores condiciones; basta ver las instalaciones donde funcionan y la falta de carros, motos, radios, chalecos antibalas e inclusive alojamientos para los policías.

 

Fuente: El Tiempo
Colombia
13/04/2007



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