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“Firmantes no fueron presionados”


Foto Ilustrativa

Mientras los senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes aseguran haber firmado el documento por presión de las AUC, la ex congresista Eleonora Pineda dijo que lo hizo para contribuir a la paz. Los alcaldes, gobernadores y algunos funcionarios locales que firmaron el acuerdo “confidencial y secreto” podrían ser investigados por el delito de concusión.

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Que tenían miedo, que la política en la Costa Atlántica se ejercía bajo presión de las autodefensas o que lo hicieron inocentemente para alcanzar la paz del país.

Éstas han sido algunas de las tantas excusas utilizadas por parte de políticos y funcionarios públicos que fueron señalados de haber firmado en el 2001 un acuerdo confidencial con los jefes de las AUC. Excusas que se vienen escuchando desde el año pasado, cuando el senador Miguel de la Espriella reveló, por primera vez, los detalles sobre el encuentro secreto en Ralito, Córdoba.

Incluso, el viernes pasado, cuando finalmente fue divulgado el comprometedor documento y los nombres de los firmantes, las dudas que surgieron se centraron no en el contenido del texto sino en la conveniencia de la asistencia de alcaldes, políticos y funcionarios públicos a un encuentro con miembros de un grupo ilegal que, en ese momento, no estaba inmerso en un proceso de paz.

Abogados que pidieron la reserva de su identidad señalaron que ante el anuncio de la Fiscalía de investigar a los firmantes es difícil establecer en qué delitos pudieron incurrir.

Según explicaron, los alcaldes, gobernadores y otros funcionarios, cuyos nombres aparecen en el documento, podrían haber incurrido en el delito de concusión, siempre y cuando se compruebe que hubo una intencionalidad de beneficiarse o favorecer a alguien.

En el caso de los políticos, el argumento del miedo puede ser utilizado como un atenuante. “Ellos pueden decir que su vida o la de su familia estaban en peligro y por eso asistieron al encuentro y firmaron el documento”, sostuvo uno de los abogados consultados.

“SÉ LO QUE FIRMÉ”. Luego de las versiones de varios de los parlamentarios, que aseguraron haber firmado el documento bajo presión, la ex congresista Eleonora Pineda reconoció que su firma fue voluntaria.

Sus declaraciones fueron entregadas un día después de que el senador Juan Manuel López Cabrales asegurara que asistió al encuentro como única medida para que Salvatore Mancuso retirara una orden para asesinarlo, y que el también senador Reginaldo Montes afirmara que nunca pudo leer el documento.

Pineda confesó que fue el mismo jefe paramilitar quien la invitó a la reunión, pero insistió en que no firmó un documento en blanco como algunos de los involucrados aseguraron. Es más, según dijo, las conclusiones del acuerdo “confidencial y secreto” fueron leídas en público.

“Yo sí sé lo que firme, y en lo que a mí respecta no lo hice intimidada (...) vi cuando cada quien iba firmando”, agregó.

La ex parlamentaria, que en julio del 2001 se desempeñaba como concejala en el municipio de Tierralta, Córdoba, dijo que firmó el documento por las buenas intenciones que se acordaron durante la reunión, en la que también hicieron parte dos asesores franceses de Carlos Castaño para temas de paz. “Un señor de apellido Sandoval y otro Loub, o algo así”, señaló.

Pineda sostuvo que no cree haber incurrido en ningún delito al asistir a la reunión e insiste en que el documento “buscaba mecanismos para encontrar la salida al conflicto”.

Por su parte, el ex representante a la Cámara José María Imbett dijo que firmó un papel en blanco que le pasaron a su puesto y que no conoció el contenido de éste.

Imbett manifestó que asistió a la reunión invitado por Luis Carlos Ordosgoitia, quien además de ser su colega en el Congreso actuaba como enlace entre el Gobierno y las autodefensas. Esto fue bajo la administración de Andrés Pastrana Arango.

“Fui porque temí por mi vida y la de mi familia sino cumplía la cita”, dijo el ex representante.

Según Imbett, la reunión fue pública, al punto que en Córdoba todo el mundo sabía del encuentro. Incluso el gobernador electo de esa época, José María López. El ex parlamentario agregó que la reunión duró un día y en horas de la tarde todo los asistentes regresaron a sus lugares de origen.

“MIS ENCUESTROS FUERON CASUALES”

La ex congresista Eleonora Pineda dijo que asistió a la reunión tras una invitación informal de Salvatore Mancuso y que no conoció de presiones para firmar.

¿Fue presionada a la reunión?

En ningún momento fui presionada. Un día antes me encontré con Mancuso al frente de mi casa, y me dijo que me invitaba a una reunión a hablar de paz. Me dijo que venían políticos de todo el país y en el encuentro todos pasaron y firmaron. Yo los vi.

¿Se hablaba en el documento de un compromiso de reunirse en octubre siguiente, qué pasó?

El tema no se volvió a tocar porque se acercaba un año electoral, todo el mundo se metió en sus campañas.

¿Hay verdades que usted está dispuesta a contar?

La verdad siempre la he dicho, para nadie es un secreto que las AUC andaban tranquilamente. Hasta hace dos años, Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’, viajó conmigo en clase ejecutiva a Bogotá.

¿Nadie denunció dicha reunión en su momento?

Pues es que es muy difícil, la reunión fue a quince minutos de la cabecera de Tierralta, a una hora de Montería, donde hay Policía, Ejército, donde hay todo.

¿Cómo viene un jefe paramilitar como ‘Jorge 40’ desde Magdalena, cómo se cruza ‘Don Berna’ de Valencia a Tierralta?

Eso ya no es competencia nuestra, es competencia del Estado.

Se esperan las investigaciones

Los congresistas y dirigentes políticos que firmaron el acuerdo de Ralito serán investigados, según el Ministro del Interior. Partidos políticos de los firmantes, a la espera de los resultados.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que los congresistas y dirigentes políticos que firmaron el documento de Ralito no pueden ser exhimidos de la investigación bajo ninguna excusa y que la justicia deberá establecer qué fue lo que se habló, a parte de la firma del acuerdo.

Los partidos políticos les dieron un respaldo formal a cuyos miembros aparecen como firmantes del acuerdo con las AUC y aseguraron que esperan los resultados de las investigaciones.

A través de un comunicado el senador Germán Vargas Lleras, director de Cambio Radical, respaldó al senador Reginaldo Montes, pero dejó en claro que en el 2001 éste no hacía parte de esa colectividad sino que integraba el grupo Mipol.

Una reacción similar fue la del director del partido Liberal, César Gaviria Trujillo, frente a la participación de Juan Manuel López Cabrales en el encuentro.

“Tengo gran confianza en que sabrá explicar su conducta a las autoridades judiciales”, afirmó.

En pocas palabras

“Creo que fue un error común de todos los que asistimos porque pensamos que la reunión estaba autorizada por el gobierno de Andrés Pastrana”, José María Imbett, ex representante a la Cámara.

Fuente: El Pais de Co
Colombia
22/01/2007



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